La discusión que centra el debate en España es la del aforamiento del ya ex rey, don Juan Carlos. Es una discusión más bien estéril porque el rey ha sido inviolable (con perdón) durante todo su reinado, con lo cual muchos expertos señalan que no hay posibilidad jurídica de procesarle por ningún presunto acto ilícito cometido durante sus casi cuarenta años en la jefatura del Estado. O sea, que lo que se discute ahora es si se le hace aforado (que no es lo mismo que inviolable) para cualquier asunto relacionado con el futuro; en consecuencia, lo que haya podido ocurrir en el pasado pertenece y pertenecerá siempre a la neblina de la inviolabilidad.

Porque estar aforado significa disfrutar de un fuero legal de protección, pero también significa que ha de existir una instancia superior capaz de juzgar a ese aforado; y, por el contrario, la inviolabilidad es en esencia la impunidad, la imposibilidad de ser juzgado. Si el ex rey no puede ser juzgado por delitos supuestamente cometidos durante su reinado, sólo van a quedar juzgables las eventuales tropelías de la tercera edad, que tendrán que ser pocas y sin ninguna gracia.

Este momento está siendo aprovechado por los políticos para debatir sobre la figura jurídica del aforamiento. Por lo que se ve, en España hay unos 10.000 aforados, cifra que a todo el mundo le parece un escándalo, incluso a los propios aforados, que son, por otra parte, los únicos que podrían renunciar a sus fueros y que, de momento, lo único que han hecho ha sido llevarse las manos a la cabeza de manera heroica y lamentarse profundamente como colectivo. No se ha dado ningún caso de aforado particular que haya renunciado a su privilegio.

A mi modo de ver, que es un modo de ver perfectamente discutible, lo más interesante de todo este asunto es lo siguiente: ahora mismo hay debates televisivos y radiofónicos de mucho apasionamiento, con partidarios del fuero regio y de lo contrario, con personas que argumentan una cosa y otras que responden acaloradamente; esta gente habla del pasado, sin percatarse que el rey es inviolable sobre todo lo relativo a su reinado; y el hecho palpable y extraordinario que preside todo este debate es que no hay ningún tertuliano o parlamentario que crea en la posibilidad de que el ex rey se haya mantenido dentro de los parámetros de la legalidad durante su reinado. Por decirlo con otras palabras: todos los que están interviniendo en plaza pública (tanto los que quieren aforar al ex rey como los que no) tienen la íntima sospecha, velada o rotunda, de que don Juan Carlos ha podido haber hecho mangas y capirotes con la ley y las normas. Esta sensación, tan desagradable, se percibe muy rápidamente. Los que quieren juzgar al rey piensan que se lo ha llevado calentito, y los que quieren proteger al rey lo hacen porque entienden que esa posibilidad es más probable que posible.

Esta sospecha unánime es, en sí, una cosa gravísima. Todavía no nos hemos encontrado con ningún portavoz que confíe tanto en Su Antigua Majestad como para sacarlo a la calle sin protección jurídica. Hasta las personas más juancarlistas hablan de este asunto con una temblequera elocuente. Hay que decir que las sospechas ciudadanas con respecto al ex rey se centran fundamentalmente en su labor como intermediario de altos vuelos en negocios internacionales de grandes compañías españolas; existe una sensación más o menos vaga de que esta labor de enorme importancia ha podido haberse llevado a cabo de una manera no excesivamente desinteresada, dicho sea todo esto con el mayor de los respetos y a título meramente informativo, sin opinar. Esta sensación se añade al hecho de que Alfonso XIII, abuelo de don Juan Carlos, salió de España dejándose por aquí todos los elementos adscritos al Patrimonio Nacional, que hasta entonces eran de la Real Casa y que fueron incautados por el régimen de la II República, provocando que las siguientes generaciones de Borbones, y en concreto don Juan, padre del ex rey, viviera en Estoril en una situación que cualquiera entendería como holgada pero que por comparación histórica era una situación relativamente paupérrima. Existe la posibilidad de que el ex rey haya considerado todo esto desde un punto de vista práctico y haya ido tomando una serie de medidas preventivas de carácter económico, por decirlo de un modo que se entienda fácilmente.

¿Hay alguna solución definitiva a todo esto? ¿Se irá el nubarrón que podemos percibir actualmente? Creemos que una de las cosas más adecuadas a este caso sería la sinceridad. Entendemos que sería conveniente que el ex rey saliera a la palestra (aforado o no) y explicase todas sus intervenciones en el ámbito del comercio internacional, con pelos y señales. Estamos seguros de que cualquier ciudadano corriente y más o menos exento de fanatismo recalcitrante estaría dispuesto a evaluar positivamente las labores regias de intermediación y el beneficio que este trabajo representativo ha proporcionado al tejido empresarial del país. Un ciudadano no fanático sería capaz de ponderar todas estas variables y de ver con ojos desapasionados cualquier ingreso regio percibido en el ejercicio de su intermediación comercial, siempre que algo de esto se haya producido en la realidad, lo cual está aún por comprobar y entra hoy por hoy en el ámbito de los rumores.

Habría que ver, no obstante, cuántos ciudadanos exentos de fanatismo recalcitrante quedan hoy en España.