A veces puede parecer que al gabinete de Pedro Sánchez le quedan dos días, pero es conveniente ver la política con unos mínimos de distanciamiento y así se comprobará que la mayoría que sostiene al Gobierno no piensa desistir y, muy al contrario, favorecerá el agotamiento de la legislatura. Este vaticinio no se hace en base a ningún pálpito sino porque pensamos que para este grupo heterogéneo de formaciones políticas no hay una alternativa mejor. Los partidos de izquierdas, los periféricos y los de la izquierda más o menos periférica o incluso separatista saben que ir ahora a unas elecciones con el ambiente que parece haber en España es dirigirse al despeñadero electoral, y, en consecuencia, van a estirar el asunto hasta el final.

En medio de todo esto está Pedro Sánchez, al que por su falta de apoyos en su primera legislatura definimos aquí como el presidente del Gobierno Promocional, pero que en esta segunda etapa puede legislar y sacar leyes y reglamentos. Los portavoces más alarmados de la opinión pública han llegado a la conclusión de que, más allá de su retórica meliflua e inclusiva, Sánchez quiere poner patas arriba el país, demoler sus instituciones, favorecer la independencia de todos los territorios que se lo pidan —colaborando incluso con diputados de Bildu, nada menos— y modificar por decreto el sistema educativo, la escala de valores y el grueso de las costumbres más arraigadas en el temperamento general de los españoles. Estas personas están preocupadísimas porque ven a Sánchez legislando en dirección contraria a lo que, en su opinión, forma la esencia de lo español, y, al verlo, sufren y se enfadan. Para estas personas, el Gobierno Sánchez es un Gobierno en llamas que va a acabar incendiando todo el país.

Está visto que en España y en muchos otros sitios del mundo es cada vez más difícil contemplar la política con unos mínimos de frialdad. Todos estamos anímicamente en llamas. La búsqueda de distanciamiento para ver las cosas con perspectiva se enfrenta a la agresividad de unos y otros. Al principio, cualquier ciudadano que aspira políticamente a ver en lo que es suele ser acusado de mentiroso, debido a que hay una apabullante mayoría de personas que considera que es biológicamente imposible ver las cosas de la política con ecuanimidad, y cree sinceramente que en política todo el que va de ecuánime está mintiendo porque en realidad es un fanático más; y, cuando parece que uno ya ha conseguido mostrar que de verdad no lleva ninguna camiseta política, entonces se le ataca y descalifica precisamente por ser frío, por contemporizador y, finalmente, por carecer de valores. Así, uno puede acabar convirtiéndose en el rojo del chat de derechistas y el derechista en el chat de rojos.

Pero aquel que haya conseguido ganar algo de distancia con respecto al objeto de observación para poder airearse y enfriarse, y que sea capaz de poner medianamente en marcha la maquinaria cerebral puede acabar llegando a varias conclusiones. La primera es que Sánchez encabeza una mayoría; sí, es una mayoría más o menos desaliñada, y sí, entre sus elementos más conspicuos hay una representación de algunas fuerzas políticas que quieren acabar con el actual sistema constitucional. Pero Sánchez está en su perfecto derecho a poner patas arriba el país o, como él diría, llevar a cabo la puesta en marcha de un plan de modernización, armonización y reforma del Estado para superar desigualdades atávicas y romper ataduras con el régimen franquista, consiguiendo por fin solucionar los conflictos políticos existentes en el seno de las nacionalidades históricas. Sánchez tiene derecho a tratar de modificar lo que considere oportuno, y ese mismo derecho es el que, por otro lado, asiste a todos los electores para acudir en masa a las urnas en diciembre de 2023 con la inequívoca intención de dar al señor presidente una patada en sus apolíneas posaderas; y ese mismo derecho es el que facultará al PP para, en el caso de que vuelva a gobernar con mayoría suficiente, lanzarse a demoler la obra legislativa del PSOE y sus socios.

Si la labor de Sánchez es tan obviamente dañina, el electorado acabará con él.

La segunda conclusión es más bien una sospecha: cuando mira con cierta calma, uno sospecha que las intenciones reformistas o incluso golpistas de Sánchez tal vez no responden a una convicción política firme sino que podrían formar parte de una estrategia dirigida exclusivamente a conseguir su propia supervivencia parlamentaria. Es decir, que estas medidas legales y políticas son concesiones puras y simples, y en muchos casos sin desarrollo normativo posible; eslóganes, en definitiva, que vienen bien al propio Sánchez y halagan a sus socios, dándoles motivos para gallear en sus respectivos corrales.

Así que lo normal es que el señor presidente continúe con su estrategia desesperada y llegue a las elecciones aparatosamente chamuscado y listo para ser depuesto, aunque desde el año 2014 hemos asistido a un par de resurrecciones milagrosas de Pedro Sánchez. Por tanto, mucho cuidado con dar por finiquitado al autor de Manual de Resistencia: es un verdadero vampiro político y en el último momento puede levantarse del féretro y morder el cuello de la protagonista femenina.

En todo caso, gane o pierda, lleve a España a la ruina o no, según sus irritadísimos detractores el señor Sánchez tendrá que responsabilizarse sus iniciativas legislativas golpistas y bolivarianas y, por lo que dicen sus adversarios, también tendrá que cargar con la responsabilidad de todos los males que en España se arrastran desde hace décadas y para los que ningún Gobierno de los anteriores propuso remedio alguno. Así, Sánchez será recordado como el presidente que inventó en 1962 el sistema deficitario de pensiones públicas, lo ratificó en la Constitución de 1978 y lo ha mantenido con respiración asistida en los diversos gobiernos que el mismo Sánchez ha encabezado durante cuatro décadas; Sánchez es también, por lo visto, el único presidente que ha gobernado con los votos y simpatías de los nacionalistas; es el hombre que ha acabado con la natalidad en España; es el político que ha provocado el envejecimiento secular de la población; es el agente decisivo en el encarecimiento de la vivienda (sobre todo, en Madrid) y en la desertización de España; es el responsable de la falta de un sector industrial competitivo; es el culpable de la escasez de talento tecnológico e innovador; y es el diseñador de la inexistente política de inmigración que rige durante las últimas dos décadas.

Todo esto estará arreglado en cuanto haya un cambio de gobierno.