La Dama Errante (1908) es una novela de Pío Baroja que gira alrededor del atentado anarquista perpetrado contra los reyes de España el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, aunque, en realidad, si eliminamos toda la tramoya de la estructura novelesca, éste es un libro que lanza una mirada más o menos impresionista al fenómeno del anarquismo español. Todas las novelas de Baroja parecen descuidadas y presentan a simple vista un desbarajuste estructural de padre y muy señor mío: no contienen muchos elementos coagulantes del truco narrativo, ni vienen rematadas ni arregladas. Al autor no parece interesarle mucho la maquinaria de la novela. No obstante, como retrato de figuras y de paisajes, son obras maestras, y pensamos que no tienen rival en la literatura española de todos los tiempos.  

Bien. La segunda mitad de La Dama Errante es una huida por el paisaje agrario español, en concreto por Gredos y la Vera de Plasencia hacia el sur. Baroja dedica estas páginas a describir el campo, y lo hace mediante encuentros de sus personajes fugitivos con lugareños miserables, cuyas opiniones se mezclan con las impresiones del propio escritor. Al ver que los grandes propietarios rurales propician el estancamiento en sus fincas del agua limpia que baja de la sierra, para que allí beban y se refresquen sus cerdos, convirtiendo esa agua en un pudridero que causa enfermedades, el doctor Aracil, fugitivo protagonista, habla con los lugareños desharrapados, que dan su versión de la realidad: «Aquí los propietarios acotan campos y montes […] y quitan los caminos, pero no hacen nada por los pueblos. Regiones extensísimas, dehesas en las que podían vivir miles de personas, están sin roturar. Los propietarios las guardan para la caza y la ganadería. ¡Y si ya que se llevan el fruto del trabajo de los demás hicieran algo! Nada. Aquí tiene usted esta parte de la Vera, naturalmente fértil, sana; pues la gente se muere, como chinches, de las fiebres […] El Estado ha abdicado, ha dejado todas sus funciones en manos de unos cuantos ricos».

Baroja, que hizo ese viaje con su hermano y un amigo antes de trasplantarlo a las páginas de La Dama Errante, describe un terreno podrido, en fermentación, del que no puede brotar otra cosa que la revolución. La intuición del escritor y de cualquier lector sensato lleva a pensar que este exhausto campo español acabará siendo una incubadora de probaturas comunistas o anarquistas.

Veinticinco años después de la publicación del libro de Baroja, las izquierdas de la Segunda República, ante este panorama rural, quisieron triturar las esencias seculares del campo español con su fatídica Ley de Reforma Agraria del ministro don Marcelino Domingo, ley que reconocía la función social de la tierra y que abrió la puerta a la expropiación y redistribución de las fincas. La ley fracasó, entre otras muchas cosas, porque chocaba frontalmente contra las más consolidadas estructuras sociopolíticas de España y porque además carecía de una metodología, un control o una dotación presupuestaria suficiente. Era un despropósito jurídico y social.

Noventa años después de aquello, vemos con satisfacción que se han erradicado casi todas las aberraciones y enormidades humanitarias que se veían entonces en el agro español, pero eso ha venido acompañado de un acentuado recrudecimiento de la desertización. El paisaje de España, visto desde el cielo, es un descampado. La despoblación de la mayoría de las comarcas españolas es un espectro negro que crece y que recorre todo el territorio nacional: la densidad de población media en España es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso que más de una cuarta parte de los españoles vive apiñada en las provincias de Madrid y Barcelona, cuyos centros urbanos tienen el aire desquiciado de cualquier megaciudad imposible.

El Gobierno de Pedro Sánchez, de vocación soñadora y trasformadora, ha puesto de manifiesto su intención de modificar esta realidad de la despoblación mediante una medida inicial, que es la descentralización paulatina de la Administración española y muy concretamente de sus ministerios: llevar las Administraciones centrales a la provincia. La estrategia se basa en la idea de que los funcionarios y su aura mágica arrastren consigo servicios (bares, restaurantes, colegios, comercios, sedes de empresas que quieren medrar en el ministerio, contratas, etc). La historia mundial de los asentamientos da a entender que en cuanto alguien tiene motivos para asentarse en un lugar, y se pone a explotar allí algún foco de actividad económica (una mina, una cantera, un pozo petrolífero, un río con pepitas de oro, etc), los servicios llegan inmediatamente después. Pues nuestro Gobierno se ha dicho a sí mismo: “pongamos nuestro pozo petrolífero —cualquier ministerio— en los desiertos españoles; aprovechen los funcionarios la espléndida red de autovías y AVEs que tenemos en España; usemos Internet, y veremos cómo enseguida llegan los servicios al descampado, y cómo el descampado deja de serlo”.

 Naturalmente, los funcionarios establecidos en Madrid están en contra de estas medidas, así como también lo está la mayor representante y defensora de la liberté en el planeta Tierra, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, desde este blog veníamos años rumiando alguna ocurrencia de este estilo para el campo español y consideramos que la idea gubernamental es, ojo con lo que voy a decir, una buena idea (que Dios nos perdone por considerar semejante cosa); creemos que el Gobierno solamente necesita los apoyos políticos y socioeconómicos suficientes para llevarla a cabo, cosa que no conseguirá jamás.

Jamás, sí. Pero, aunque nunca consiga hacer nada, el Gobierno ha tenido una buena idea (perdón una vez más), y por pura justicia nosotros nos vemos en la obligación de subrayarlo. Además, el momento para reconocerlo es adecuado porque vemos que no queda nadie en España que hable bien del Gobierno. Reflexionemos: la derecha considera que Sánchez y las fuerzas políticas que lo sustentan son una agrupación deforme y totalitaria de comunistas y separatistas —desconocedores del temperamento histórico de los españoles—, una agrupación que se dispone a desmembrar España y que la llevará a la ruina, aunque no sabemos si llegará antes lo primero que lo segundo. Y las izquierdas más esquinadas empiezan a notar que el Gobierno no hace nada por sofocar el ahogo económico de los más desfavorecidos, y que, una vez más, alguien les ha timado.

Para rebajar la tensión, conviene no olvidar que España tiene una economía extremadamente condicionada por la relación con sus acreedores, esos grandes y pequeños propietarios internacionales del dinero, a los que nuestras Administraciones Públicas deben cerca de 1.500.000 millones de euros. Esto debería dar escalofríos a cualquiera, pero también debería suponer un calmante para los más disgustados con las propuestas económicas del Gobierno. Estas personas de orden pueden dormir con la tranquilidad de saber que nuestros implacables acreedores intervendrán la economía española en el preciso instante en que se vea que las decisiones bolivarianas del Ejecutivo están fuera de la ortodoxia crediticia. Así, en el contexto de la Unión Europea, el Gobierno jamás tomará una sola medida que suponga un desaire a eso que se conoce como los mercados.

Sin embargo, aquellos incautos que de buena fe esperaban medidas transformadoras de carácter socialcomunista —medidas que iban a suponer un alegre terremoto para las estructuras turbocapitalistas y extractivas de la economía occidental— pueden ir preparándose para llevarse una nueva decepción con esos políticos que, con el corazón en la mano, han vuelto a engañarles. Otra estafa electoral.

Si uno consigue serenarse en este ambiente, quién sabe si podría incluso aplaudir alguna de las iniciativas menos desquiciadas y absurdas del Gobierno: tampoco se va a romper las manos a aplaudir porque estas iniciativas digamos normales son pocas y poco aplicables. Y si uno profundiza en el propósito de serenarse, se puede llegar a dos conclusiones muy barojianas e interesantes: en primer lugar, que los grandes problemas de España siguen aquí, que podrían seguir aquí durante otra era geológica completa, y que no los vamos a solucionar a gritos; y, en segundo lugar, que, a efectos prácticos y gracias a nuestros atentísimos acreedores internacionales, el color del Gobierno es pura peluquería política: la preponderancia de un Gobierno rojo o uno azul es algo que, más allá de este ambiente tan ruidoso y ameno, no tiene ninguna importancia.