La polémica sobre la denominación que debe recibir el régimen cubano nos ha tenido entretenidos durante unos días. Ante la alborotada situación que se ha creado en el país caribeño, la ministra portavoz española y varios de los miembros del Gobierno se han visto obligados a definir el sistema político que impera en Cuba desde hace sesenta y dos años, y han hecho diversos requiebros para no tener que decir la palabra dictadura. El presidente Sánchez ha llegado a decir que el régimen castrista no es una democracia, aunque ha evitado llamarlo dictadura.   

Para dilucidar si en Cuba hay o no una dictadura, sería conveniente acudir a la definición técnica del término. El diccionario de la Real Academia Española define dictadura como “aquel régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. En virtud de esta explicación, las preguntas que surgen son las siguientes: ¿es que en Cuba se ha concentrado por la fuerza todo el poder en un grupo? ¿Se han reprimido los derechos humanos y las libertades individuales?

Salvo quienes tengan dramáticamente cerrado el conducto de recepción de las ideas, cualquier persona con unos mínimos de rectitud y de afición por la verdad no podrá negar que en Cuba se han dado y siguen dándose todas estas terribles circunstancias recién enumeradas. Podríamos discutir si tales circunstancias son producto sobrevenido o directo del bloqueo económico, o son consecuencias fatales de la debilidad de ser el único país socialista que durante seis décadas ha tratado heroicamente de poner freno al desalmado capitalismo a solo seiscientos kilómetros de su epicentro estadounidense; pero es evidente que hay represión de derechos, conculcación de libertades y concentración de poder en un grupo.

Sin embargo, la ministra portavoz recién nombrada, Isabel Rodríguez, hizo varias piruetas retóricas para no pronunciar la palabra mágica. Esta ministra acaba de llegar pero demostró muy buena mano para las fintas y los requiebros, así que le auguramos un futuro estupendo en su puesto. Sus movimientos son un gran comienzo para ella y un pequeño homenaje a todos sus predecesores en ese cargo (del PSOE pero también del PP) que desde hace cuarenta años han colaborado en la fijación de una verdad alternativa. El ministro portavoz del Gobierno de cualquier partido es, por definición, el personaje gubernamental que mejor moldea un lenguaje encaminado a embarullarlo todo. Ministros a izquierda y a derecha como Rubalcaba, Rosa Conde, Miguel Ángel Rodríguez, Cabanillas hijo, Zaplana, María Teresa Fernández de la Vega o Pepiño Blanco se han desenvuelto con soltura en lodazales de mayor o menor enjundia y han faltado a la verdad tantas veces como ha sido preciso.

En este sentido, entre las democracias más antiguas e importantes del mundo es conveniente destacar el trabajo de cuatro portavoces que ocuparon el puesto durante los cuatro años de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Los señores Sean Spicer, Sarah Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany son cuatro personas que se sucedieron fulgurantemente en tan abrasivo cargo, pero todos tuvieron tiempo suficiente para elevar la mentira sistemática y desorejada a las más altas cotas de las instituciones democráticas. El trabajo de estas personas en pro de la desinformación y el caos, muchas veces consiguiendo no decir una sola verdad durante largas conferencias de prensa completas, estableció unos nuevos estándares escalofriantes. Frente a estos señores, la ministra portavoz Jen Psaki, recientemente nombrada por Biden, causa una impresión imborrable para cualquier espectador templado, y lo consigue simplemente tratando de mostrarse articulada, respetuosa y clara con respecto a los hechos. Entendemos que Psaki acabará mintiendo, pero, de entrada, por comparación con sus delirantes antecesores en el cargo, Psaki da la impresión de que quiere mentir y embarullar solamente lo imprescindible.

Volviendo al Gobierno del PSOE y Podemos, su negativa a pronunciar la palabra dictadura con respecto a Cuba ha causado un gran tumulto informativo. Los partidos de la oposición creen haberse apuntado un gran triunfo, pero en realidad esta polémica no tiene ninguna importancia, dado que ningún votante en España moverá un milímetro su intención de voto por este asunto. No existe un solo votante de Vox que esperase palabras beligerantes del Gobierno contra el castrismo, y los votantes del PSOE, tan baqueteados a estas alturas de la legislatura y de la vida, entienden perfectamente las circunstancias en las que se encuentra el gabinete de Pedro Sánchez, que parece regirse exclusivamente por normas relacionadas con la más refinada gramática parda. En este sentido, podemos decir que el Gobierno no ha accedido a calificar a Cuba de ninguna manera porque 1) en realidad no tenía ninguna necesidad de hacerlo, 2) quería seguir teniendo satisfechos a los partidos mediana o abiertamente procastristas que le sostienen en el Parlamento, y 3) ha callado pensando en las relaciones económicas que existen entre Cuba y España, que son fluidas, cuantiosas y duraderas, sobre todo en el importantísimo sector turístico español.

Estos intereses económicos hispano-cubanos son un ejemplo impecable de cuál es la relación que existe entre la verdad verbal y la realidad económica. En la política y en la economía, el manejo de las palabras está supeditado al rendimiento y a los intereses. Si el hecho de poner de manifiesto una realidad puede acarrear cierto deterioro de los rendimientos o intereses crematísticos que uno tiene en determinado asunto, tengan ustedes por seguro que uno no se hará eco de esa realidad y la ignorará flagrantemente. Si la verdad puede molestar a mis socios, clientes, sostenedores parlamentarios o donantes de fondos, la verdad no saldrá de mi boca bajo ninguna circunstancia. Si un ministerio cree que convendría reducir el consumo de carne en España por motivos medioambientales o sanitarios, ese ministro recibirá un revolcón incluso de su presidente, pero no por sus argumentaciones medioambientales o sanitarias, sean o no infundadas, sino porque el sector ganadero es importantísimo para nuestra economía, y ya está.

La combinación de estos tres elementos mencionados (la verdad, mis intereses y yo) conforma un sistema de correspondencias que funciona de forma inquebrantable, recurrente, y que, en mayor o menor medida, se da en todos los partidos políticos. No hay partido que haya optado alguna vez por desequilibrar voluntariamente esta relación. Por tanto, no tiene sentido asombrarse cuando un agente político o económico ignora aspectos claves de la realidad o directamente los niega o los retuerce. La dignidad, la moral y el sentido del deber no tienen ningún peso específico. La verdad se sacará a relucir solamente cuando se pueda sacar, y nunca cuando no se pueda.

Porque la verdad es incómoda y molesta. La verdad es como un perro ruidoso, que ladra, al que hay que dejar encerrado en el trastero para evitar que moleste a las visitas.